El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, negó que estén listos los lineamientos ambientales para desarrollar esta técnica. Sin embargo, cree que en 2022 el país estaría listo para la explotación no convencional del crudo.

Esta semana, la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, anunció ante los medios una noticia que algunos empresarios e inversionistas estaban esperando. Los lineamientos ambientales para hacer fracking en yacimientos no convencionales (YNC) ya tenían el “visto bueno” del Ministerio de Ambiente, por lo que funcionarios del Ministerio de Minas y Ambiente empezarían a capacitarse en el tema entre el 12 y el 13 de septiembre.

De alguna manera, lo anunciado por la ministra significaba poner la última piedra de la regulación del fracking en el país. Aunque en Colombia los primeros contratos de exploración y producción se celebraron en el 2012, ninguna empresa podía empezar a operar formalmente porque no existían los lineamientos ambientales para hacerlo. Dos años más tarde, el Ministerio de Ambiente emitió los términos de referencia para hacer los estudios de fracking, por lo que parecía que sólo faltaba una pieza: los términos ambientales de explotación, para darle vía libre. Es decir, lo que Ortiz acababa de anunciar.

Sin embargo, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, desmintió a Ortiz. “En ningún momento le he planteado eso a la viceministra. Creo que tenemos nuestra hoja de ruta como sector y estamos en un proceso de revisión de nuestra estrategia”.

Ciertamente, la explotación de los YNC a través del fracking no es un asunto menor en términos ambientales. Se trata de una polémica técnica para extraer petróleo o gas de piedras que se encuentran a kilómetros de profundidad y que son supremamente compactas. Para romperlas es necesario inyectar en el subsuelo una gran cantidad de agua mezclada con químicos a presión.

Como era de esperarse, desde hace varios años le viene cayendo a esta técnica una lluvia de críticas, pues estudios científicos la han relacionado con contaminación de agua, aumento de actividad sísmica e incluso problemas de salud.

Uno de los estudios más completos es el de Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), publicado a principios de este año. La necesidad de ese estudio en Estados Unidos era evidente, pues fue esta técnica, introducida en los años cuarenta, la que permitió que ese país se convirtiera en el primer productor de crudo en el mundo.

El estudio de la EPA, explicó Murillo, se ha convertido en un referente clave para desarrollar el plan de alistamiento colombiano. Una de las conclusiones de esta investigación es que, efectivamente, hacer fracking aumenta el riesgo de contaminación del agua potable y afecta su disponibilidad.

En ese sentido, el ministro señaló que el informe de la EPA “plantea que se requiere mayor transparencia, registro y control del tipo de fluidos que se utilizan para sacar el petróleo”. Por ello, uno de los lineamientos de bse refiere a este punto.

La complejidad de llevar a cabo todos estos estudios, más los trámites de concesiones y licenciamientos, podrían aplazar la entrada definitiva del fracking en unos cinco años. Por lo menos es así según estimaciones hechas por Murillo. Esto significaría que, coincidencialmente, los 3.000 millones de barriles que podrían extraerse con fracking llegarían justo cuando se acaben las reservas actuales de petróleo, que según el expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, apenas son de 1.600 millones de barriles. Las reservas de no convencionales podrían cuadruplicar las reservas actuales del país.

 

Por eso, el gremio petrolero y el Gobierno quieren poner en marcha un modelo piloto que podría llegar antes. Aunque el ministro asegura que todavía no se sabe dónde, todo parece indicar que podría ser en San Martín (César). Allí, la empresa Conoco Phillips tiene una concesión para explorar, la primera en el país.

Además, el ministro Murillo explicó que el Ministerio de Minas tendrá que hacer una evaluación ambiental estratégica de carácter regional, precisamente en el Magdalena Medio, región a la que pertenece San Martín y que según Ecopetrol podría pasar de producir 100.000 barriles diarios de crudo a 400.000, si decide abrazar el fracking.

Sumado a esto se presenta el dilema de la independencia energética del país que según el sector petrolero, si no se implementa el fracking, para el 2022 se tendría que empezar a importar crudo, ya que las reservas petroleras están calculadas para unos 5 o 6 años mas.

Es más, los habitantes de este municipio están seguros de que se trata de ellos. “Nos vamos a oponer desde todos los escenarios posibles a este plan piloto. Tanto desde el litigio estratégico como la movilización social”, comentó Carlos Santiago, líder de la Corporación para la Defensa del Agua, el Territorio y los Ecosistemas. Y ya empezaron: el 24 de agosto pasado se unieron a otras 69 organizaciones sociales y ambientales para conformar la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Lo curioso del caso colombiano es que, mientras la tendencia mundial apunta a prohibir o frenar el fracking (en 17 países está parcial o completamente prohibido), aquí vamos en contravía. Así sean cada vez más los estudios que advierten de los daños ambientales de esta técnica, Colombia parece estar dispuesta a ser su propio conejillo de Indias.

información tomada de EL ESPECTADOR y REVISTA SEMANA